Repsol acusó hoy a Argentina de expropiar su filial YPF con el objetivo de tapar la crisis social y económica que azota el país latinoamericano, según ha dicho el presidente de la petrolera española, Antonio Brufau. La compañía, que pide 10.500 millones de dólares (unos 8.000 millones de euros) por su participación en YPF, considera la nacionalización ilegal y demandará a Buenos Aires en un arbitraje ante el Banco Mundial.
“Estos actos no quedarán impunes”, advirtió el primer ejecutivo de la petrolera en una conferencia de prensa convocada en la sede de Repsol en Madrid y que duró casi dos horas. “La presidenta de Argentina ha realizado un acto ilegítimo e injustificable tras una campaña de acusaciones dirigida a derrumbar la acción de YPF y permitir una expropiación a precio de saldo”, dijo Brufau, cuyo tono, directo pero campechano, contrastó con el aire de solemnidad que rodeó la víspera el anuncio de la presidenta Fernández de Kirchner.
En primer lugar, la compañía demandará a Buenos Aires ante el Banco Mundial por la expropiación, mayor registrada en el sector de los hidrocarburos desde que Rusia se hiciera con los activos de Yukos hace una década. Los pleitos se dirimen a través del Centro Internacional sobre Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), donde ya han llevado sus quejas en el pasado otras compañías españolas presentes en Argentina, como Telefónica, Endesa, Gas Natural y Aguas de Barcelona.
El presidente de Repsol aseguró que la expropiación de la filial, que el año pasado representó un tercio del beneficio bruto de la compañía española, no está justificada por utilidad pública y rechazó las acusaciones del Gobierno argentino de que la petrolera tiene una actitud “depredatoria” sobre los recursos del país. “La decisión viola los más elementales principios de la igualdad de trato”, dijo. Pese a tratarse de una iniciativa que abarca todo el sector de los hidrocarburos, solo ha sido expropiada YPF y, dentro de esta empresa, solo las acciones de la petrolera española.
