Damasco.- El ministro sirio de Defensa murió ayer miércoles junto a su viceministro y al jefe de la lucha contra la rebelión en un atentado con bomba en Damasco que decapitó el aparato de seguridad del presidente Bashar al Asad, al tiempo que proseguían los combates en la capital.
Las muertes del ministro de Defensa, Daud Rajha, y de su viceministro, Asef Shawkat, cuñado de Asad, fue anunciada por la televisión estatal, que confirmó igualmente la del jefe de la célula de crisis, Hasan Turkmeni, comunicada previamente por el opositor Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH), con sede en Londres.
Estos jerarcas, con grado de general, son los de mayor rango que pierden la vida desde el inicio de la rebelión en marzo de 2011.
En la explosión también resultaron heridos el ministro del Interior, Mohamad Ibrahim al Shaar, y el jefe de la Seguridad Nacional, Hisham Ijtiar, según una fuente de los servicios de seguridad.
La fuente dijo que el atentado fue perpetrado por un suicida, presuntamente un guardaespaldas de uno de los oficiales presentes en la reunión, que activó su cinturón de explosivos en la sala del ultraprotegido edificio de la Seguridad Nacional, en el centro de la capital.
Según otra versión, un guardaespaldas habría introducido una valija llena de explosivos, y habría abandonado la sala y accionado la bomba. El ataque fue reivindicado por el Ejército Sirio Libre (ESL), formado por militares desertores que se unieron a la insurrección y por civiles armados.
Asad nombró de inmediato al jefe del Estado Mayor, Fahd al Freij, como nuevo ministro de Defensa, y el ejército reiteró su “determinación” de proseguir el combate para “limpiar la patria de los restos de bandas terroristas”.
Por su parte, la jefa de la diplomacia europea Catherine Ashton “condenó” el atentado en Damasco. Irán también condenó el atentado, estimando tener la certeza de que “el gran pueblo sirio defenderá su soberanía, la estabilidad y la seguridad” de Siria. Rusia, aliada de Damasco, llamó a “castigar” a los autores del ataque e indicó que la imposición de sanciones equivaldría a dar “un apoyo directo a un movimiento revolucionario”, algo contrario a los mandatos de la ONU.

