Miami (EE.UU.), (EFE).- Un juez estadounidense impuso hoy una fianza de un millón de dólares a George Zimmerman, acusado de homicidio en segundo grado por la muerte del joven negro desarmado Trayvon Martin, aunque de momento el vigilante voluntario continúa en una prisión de Florida.
Kenneth Lester, juez encargado del caso en un tribunal de Sanford (centro de Florida), decidió concederle a Zimmerman, por segunda vez, los beneficios de la libertad bajo fianza, que se le revocaron en junio pasado por no informar del dinero que había recibido en donaciones desde que su caso saltó a la luz.
“El incremento de la fianza no es un castigo”, precisó el juez, sino que sirve para “disipar la preocupación del tribunal de que el acusado intente huir de su jurisdicción. Una cantidad menor no aseguraría la presencia en la Corte” de Zimmerman, que deberá llevar un grillete electrónico en caso de quedar libre.
Además, deberá ponerse en contacto cada dos días con las autoridades, tendrá que permanecer en su residencia desde las seis de la tarde hasta las seis de la mañana, y no podrá abrir o mantener ninguna cuenta bancaria, acceder a ningún aeropuerto ni pedir que se le emita un pasaporte.
Por el momento, la defensa de Zimmerman no ha detallado si el acusado tiene intención de abonar el 10 % de la fianza (el porcentaje que exige como pago la legislación de Florida a modo de garantía) ni cuándo lo haría.
Su abogado, Mark O’Mara, solicitó que se concediera de nuevo la libertad bajo fianza a su cliente, de 28 años, con el argumento de que éste “no supone un peligro para la comunidad ni existe el riesgo de que se fugue”.
El juez debía pronunciarse sobre esta petición el pasado viernes, pero aplazó su decisión hasta este jueves, en que le impuso una fianza de un millón de dólares, muy superior a los 150.000 dólares que el acusado tuvo que abonar en abril pasado.
El magistrado dejó entrever en su fallo la sospecha de que Zimmerman podía estar preparando su huida con los fondos recaudados en donaciones que recibió por internet.
En la orden escrita emitida hoy, el juez señala que “el acusado ha tratado de manipular el sistema cuando ha tenido la oportunidad de hacerlo”, pero que, dado que no suponía una amenaza para la sociedad, le concedía los beneficios de la libertad bajo fianza a las espera del juicio que se le sigue.
El 12 de junio pasado se ordenó su reingreso en prisión a petición de la Fiscalía, que consideró, cuando declararon ante el tribunal tanto él como su esposa, Shellie (acusada de perjurio), que mintieron cuando se les preguntó por el dinero que habían recaudado con el supuesto objetivo de que la fianza fuera más reducida.
Para la Fiscalía, la transferencia de más de cien mil dólares que la esposa de Zimmerman llevó a cabo mientras éste se hallaba preso prueba que el acusado intentaba hacerse pasar por una persona sin recursos económicos.
Según la acusación, las grabaciones que recogen las conversaciones que mantuvieron Zimmerman y su mujer, cuando éste estaba en la cárcel, muestran que hablaron utilizando un código para referirse a transferencias de dinero a diferentes cuentas bancarias personales.
En la audiencia del pasado 29 de junio el abogado de Zimmerman presentó varios documentos con los que intentó demostrar la debilidad argumental de las acusaciones de la Fiscalía contra su cliente, al tiempo que defendió de nuevo la tesis de que éste actuó en defensa propia.
La defensa ha argumentado que, desde el pasado 26 de abril, todo el dinero del fondo de donaciones “ha sido alejado del control del señor Zimmerman, de su esposa y de cualquier familiar, excepto 20.000 dólares retenidos para gastos diarios”.
El pasado 26 de febrero Zimmerman mató de un disparo a Trayvon Martin, un adolescente negro que andaba por la comunidad de vecinos en la que residía el vigilante y que le pareció sospechoso.
Martin estaba de visita en otra vivienda de esa misma comunidad y había salido de noche a comprar algo en una tienda cercana.
A falta de testigos que contradijeran su versión, Zimmerman no fue detenido de inmediato porque alegó haber actuado en defensa propia, algo que ampara la ley de Florida.
Sin embargo, el caso desató protestas por todo el país, por parte de gente que acusaba a Zimmerman y a las autoridades de actuar movidos por prejuicios racistas.
La enorme presión pública, que obligó a Zimmerman a permanecer escondido, se calmó en gran parte cuando el 11 de abril la Fiscalía decidió presentar cargos contra él, lo que llevó a su detención.
